 | |
|
| Se aprobó en primera discusión | |
Este instrumento legislativo tiene como objeto, entre otros, el de democratizar la cultura de la participación social, en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos
La Asamblea Nacional aprobó este martes, durante la sesión ordinaria y en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, el cual tiene entre sus fines el de convertir en práctica cotidiana desde las comunidades, la capacidad de controlar socialmente la gestión pública, así como todas las actividades privadas que afecten el bienestar común.
En la Exposición de Motivos, se destaca que la Contraloría Social es el ejercicio de control y vigilancia, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular.
Se señala, igualmente en cuanto al objeto de la ley, que es el de establecer y desarrollar los mecanismos, normas y condiciones para garantizar la promoción e impulsar el ejercicio de la contraloría social como medio de participación, protagonismo y corresponsabilidad, en el ejercicio directo e intransferible de su soberanía para la consolidación del Poder Popular, a través de la acción directa de los ciudadanos y ciudadanas en las funciones de vigilancia, seguimiento, acompañamiento y control de la gestión pública y comunitaria, así como sobre toda la actividad privada que incida en los intereses públicos y colectivos.
Se expresa, también, que el ejercicio de la contraloría social se fundamenta en los principios de la ética socialista, que comprende: objetividad, disciplina, transparencia, rectitud, participación, justicia, humanismo, equidad, imparcialidad, el bien común, solidaridad, corresponsabilidad, honestidad, moral revolucionaria, deber social para el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular.
La Contraloría Social, en los actuales momentos, es uno de los escenarios o mecanismos para ejercer el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, privados y comunitarios, constituida por un conjunto de acciones vinculadas al seguimiento, evaluación, vigilancia y control, que puede ser activada o ejercida de manera individual o colectiva, teniendo como propósito garantizar que la gestión pública se realice de manera eficiente y transparente, dentro del marco jurídico.
También se indica en la Exposición de Motivos que la Contraloría Social, bajo el enfoque del ideario bolivariano, queda expresada como un deber y un derecho de todo ciudadano, así como en la obligación de rendición de cuentas públicas por parte de los funcionarios.
En cuanto al carácter orgánico de la ley, éste se le otorga bajo dos premisas fundamentales: el que operativiza el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libre, voluntaria y democráticamente en todos los asuntos públicos, en virtud de los medios de participación y protagonismo del pueblo, reconocidos por el constituyente en los artículos 62 y 70 de la Carta Magna.
Igualmente, porque esta ley regula un derecho constitucional de carácter político atribuible al contexto de derecho humano, tratándolo de manera frontal y directa.
Durante la sesión, el diputado Alfredo Murga, presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, instancia encargada de presentar el citado proyecto de ley, precisó que este instrumento legal busca enfrentar la corrupción, promoviendo una conciencia ética, legislando con honestidad y celeridad, generando la participación contralora del pueblo y la sociedad organizada.
Destacó que se buscó hacer un proyecto de ley dinámico, preciso, sencillo, transparente, "que realmente sea útil, permitiendo ser utilizado por el Poder Popular, así como a cualquier ciudadano o ciudadana individual o colectivamente".
El parlamentario indicó que la transparencia es un factor importante para combatir la corrupción, esto de la mano de la gestión pública y comunal, confiando en la inteligencia del pueblo soberano, vinculado a través de sus comunidades, donde la dinámica no será derrotada por el burocratismo, la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción, obstáculos del los intereses colectivos.
Puntualizó que uno de los grandes objetivos de este proyecto es luchar contra la corrupción administrativa, "pero esto debe tener un carácter pedagógico, que permita, además, al Poder Popular, a la sociedad organizada y al Estado venezolano, que promueve esta ley la defiende y la ampara, tener una aptitud educativa para fortalecer la ética administrativa, siendo esto una labor de todos los venezolanos".
Murga enfatizó que ahora que se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, éste se llevará para ser debatido en el Parlamentarismo Social de Calle en todo el país. "Estoy convencido de que este proyecto de ley viene a complementar una primera etapa en la lucha contra la corrupción y del fortalecimiento al Poder Popular, siendo éste el camino que debemos seguir y apoyar".
